Las autoridades de la cooperativa CALF le solicitaron ayer al gobierno provincial más seguridad para los operarios que ingresan a realizar arreglos en barrios donde hay preponderancia de personas “colgadas” a la red eléctrica. En una nueva arista del problema de la violencia contra trabajadores del rubro de los servicios públicos, el personal de la cooperativa recibe las agresiones de quienes no quieren quedarse sin el servicio al que accedieron de forma ilegal.

Ayer por la tarde el presidente de la cooperativa, Fernando Garayo, y otros integrantes de la conducción de la entidad se reunieron con el ministro de Coordinación, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, y el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, y acordaron trabajar en un plan en conjunto para atenuar el impacto de la violencia hacia los trabajadores.

Las agresiones ocurren principalmente en invierno, cuando los asociados plantean que tienen inconvenientes en el servicio. Cuando las cuadrillas concurren a una vivienda para la reparación pertinente, detecta que el inconveniente surge por una recarga en la línea producto de una conexión clandestina.

En la cooperativa describen que cuando estas tareas tienen lugar en barrios con muchas conexiones ilegales, para los trabajadores es casi imposible desempeñar el trabajo por el alto grado de violencia, que emula situaciones similares a las registradas en otros servicios, como el transporte de pasajeros, donde los choferes ya plantearon episodios similares. De hecho, llegaron a paralizar el servicio para alertar sobre el problema.

“Fuimos muy bien atendidos por el ministro y el subsecretario. Vamos a comenzar con un trabajo en conjunto, sobre todo para prevenir, y la semana próxima daremos a conocer el plan en una conferencia de prensa en conjunto”, dijo el presidente de CALF, Fernando Garayo, tras la reunión realizada ayer.

La entidad que suministra el servicio eléctrico en la capital cuenta con unos 80.000 asociados.

Según los datos que dio a conocer ayer Garayo, cerca de 5.900 familias están colgadas del servicio. Los directivos de CALF dan crédito al relevamiento realizado por el Municipio que concluyó con que hay 5.000 familias viviendo en asentamientos irregulares. Y sostienen que hay que planificar para ir logrando la puesta en regla de los “enganchados”.

Los “colgados”, un fenómeno crónico que afecta el servicio

No solo los asentamientos irregulares y los “colgados” de las líneas eléctricas generan perjuicios económicos a CALF, sino que también en los últimos meses surgieron problemas con los operarios de la cooperativa, quienes sufren agresiones especialmente en las tomas cada vez que acuden a realizar tareas de mantenimiento o reparaciones.

Fernando Garayo, presidente del Consejo de Administración de CALF, contó que muchas veces cuando los empleados de la cooperativa ingresan a determinados barrios se encuentran con la negativa de algunos vecinos quienes con insultos y agresiones intentan frenar el trabajo.

 El Oeste

Si bien el presidente del Consejo de Administración prefirió no señalar un barrio como el más conflictivo, reconoció que el mayor problema se genera en el Oeste, porque es en ese sector donde la ciudad crece sin control. “Son unas 5.900 familias que están colgadas”, detalló Garayo.

“Tratamos de evitar la pérdida porque afecta a todos, pero hay una realidad que no podemos desconocer y es que están estas familias que viven en tomas irregulares, y que si bien están fuera del sistema no quieren quedar sin servicio. Por lo tanto, no podemos ingresar a los asentamientos, porque al que está ilegalmente colgado no le gusta que se metan”, dijo.

“Llegan a un lugar y empiezan las agresiones verbales de quienes están colgados, entonces no le podemos dar respuesta a unos sin sacarle el servicio a los que están colgados”, relató Garayo, quien contó que estos problemas se incrementan en invierno, cuando se usan más los calefactores, que son a consumo eléctrico.

 Fuente: La Mañana Neuquén