Mientras permanece abierto el debate por la ley que impulsa la oposición para retrotraer los aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno nacional, más gobernadores acataron el pedido de la Casa Rosada y manifestaron públicamente su desacuerdo con el proyecto legislativo, aunque por lo bajo los mandatarios no parecen estar dispuestos a compartir el costo político de los tarifazos y darán libertad de acción a sus diputados en la batalla parlamentaria.
La presión para que los gobernadores recuerden que no es potestad del Congreso fijar tarifas surtió efecto en el entrerriano Gustavo Bordet (PJ) y el misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia). Ambos tuvieron un discurso casi calcado al del peronista cordobés Juan Schiaretti, el primero en mostrarse solidario con el Gobierno nacional (declaraciones que abrieron una brecha con sus pares). «En la Argentina, las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, no de los gobiernos provinciales ni del Congreso», dijo, categórico, el entrerriano, quien ya había hablado de «esfuerzos compartidos» cuando desde Balcarce 50 solicitaron que las provincias disminuyan sus cargas impositivas en las boletas de servicios públicos. Passalacqua, por su parte, dijo no avalar «la sanción de una ley que signifique un perjuicio al Presupuesto». Este eje es clave del mensaje que parte desde el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio: estas subas estaban contempladas en la Ley de Presupuesto que contó con apoyo del PJ y del massismo, bloques que ahora insisten en voltear las subas en el recinto, en una batalla que comenzará el próximo miércoles en Diputados.
Sin embargo, más allá de los llamados a los gobernadores para que aparezcan en medios y encolumnen a legisladores, recordando inclusive el mayor costo fiscal que deberán afrontar todos, los jefes provinciales no parecen dispuestos a volver a compartir el costo político de decisiones nacionales, como ya ocurrió con la reforma previsional.
Desde el entorno de un mandatario norteño dijeron a este medio que «es muy difícil decirles a los diputados lo que tienen que hacer», y se quejaron por el modus operandi nacional de presionar para que los mandatarios salgan en los medios a rechazar la ley, absorbiendo los que entienden «malas decisiones» de Nación. Dijeron que darán libertad de acción a sus legisladores, con que permitirán que avance el proyecto y que sea el propio Mauricio Macri quien tenga que vetar la ley.
Inclusive quienes recogieron el guante lanzado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que los gobernadores hagan un «peronismo más racional» dejarán que el agua fluya en el Congreso, más allá de alguna declaración liviana y dual, que critique los aumentos aclarando al mismo tiempo la potestad del Ejecutivo en la materia.
Desde otra provincia gobernada por el PJ se mostraron molestos porque desde la Casa Rosada, dicen, «los operan». «Toman alguna declaración aislada y buscan que en medios amigos parezca un apoyo a Nación. El único enfático fue Schiaretti, y no entendemos por qué», comentaron a Ámbito Financiero. Incluso el cordobés tras oponerse a la ley no impidió que el diputado nacional y exvicegobernador Martín Llaryora rubricara el proyecto que obtuvo dictamen de comisión.
Desde despachos nacionales insisten en que «hay tiempo para seguir trabajando» y que continuarán «con las rondas de llamados». Consultados por la ambigüedad de los mandatarios, dijeron: «Ya tenemos experiencia, pero no nos apresuramos, los jefes políticos son los gobernadores».
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