El Gobierno nacional deberá enfrentar una nueva batalla legal por los “tarifazos”. Este lunes el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y más de una decena de intendentes bonaerenses del Partido Justicialista presentaron un amparo colectiva contra las resoluciones del Gobierno nacional que dispusieron una nueva suba en la tarifa de la electricidad.

El juez federal Alberto Recondo, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, será quien deba dirimir la cuestión en primera instancia. Se trata del mismo magistrado que tuvo la primera causa del CEPIS en 2016 y que terminó siendo resuelta por la Corte Suprema, que anuló la suba del gas por incumplir con la audiencia pública previa.

También firmaron la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO).

De acuerdo a las fuentes tribunalicias consultadas por iProfesional, la resolución del amparo puede caer en una fecha estratégica desde lo político. Es que si todo sigue sobre los carriles normales, la última instancia, es decir la Corte Suprema, estaría en condiciones de fallar tras la feria judicial de invierno, lo que coincidiría con las elecciones primarias.

Este nuevo conflicto comenzó el 1 de febrero pasado cuando la Secretaría de Energía autorizó los aumentos de un 30% promedio en las tarifas de electricidad para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur.

A través de diversas resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, los nuevos cuadros tarifarios de ambas distribuidoras comenzaron a estar vigentes.

Ahora, el valor de la tarifa media alcanza a 3,541 pesos por kilowatt hora (kWh) para Edesur, y 3,680 pesos para Edenor. En el Gobierno creen que los usuarios de las categorías R1 y R2 (que representan alrededor del 70% del total) pagarán entre 311 y 866 pesos más por mes.

El otro tramo será en marzo, cuando llegue un nuevo ajuste del 14%. Para mayo y agosto se prevén sendos aumentos de 4%.

La presentación judicial conjunta considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, fijados por la Corte Suprema en 2016, y señala además que «no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública», lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.

En concreto, luego de solicitar a los jueces que «frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable», los actores requieren la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE y que «se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo».

Políticos en la demanda

El escrito, al que adhirieron distintos integrantes de la cámara de diputados, como Cristina Álvarez Rodríguez, Victoria Donda, Felipe Solá y Leonardo Grosso, considera que los nuevos aumentos también con otros estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016 cuando se dictaminó que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de «gradualidad» y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos.

El titular del Cepis, Mariano Lovelli, aseguró que se busca obtener “la nulidad por inconstitucionalidad de una de las últimas resoluciones del exsecretario de Energía, Javier Iguacel, que aumentó el precio de la electricidad mayorista“.

En tanto, la intendenta de La Matanza, Margarita Magario, destacó que cuando asumió Mauricio Macri, “pagar las tarifas representaba un 6% del salario” pero que, con el nuevo cuadro, en junio ese porcentaje “va a ser del 26%“.

Y destacó que en el conurbano y el interior bonaerense los usuarios están recibiendo boletas de $12.000 por el consumo residencial de energía eléctrica y de $7.000 por el gas.

Entre los argumentos del escrito comandado por el Cepis, se detalla que la cantidad de usuarios de energía eléctrica que sufrieron cortes en el suministro aumentó 59% en 2018, respecto de 2016.

En números, hubo 3.570.854 usuarios que sufrieron al menos un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo que representó un aumento del 39% respecto de los 2.575.893 usuarios de hace tres años.

Y el promedio diario de usuarios de las empresas Edenor y Edesur sin suministro aumentó un 59%, al pasar de 83.093 en 2016 a 132.254 en 2018.

Asimismo, cuando la temperatura se ubicó entre los 28 y los 31 grados, el promedio de cortes diarios se incrementó 58% en el período estudiado, al pasar de 96.559 usuarios afectados a 152.913, precisó Cepis.

Las cifras de este organismo contrastan con las que presentó el propio Gobierno, que marcó una mejora en la calidad del servicio. Según difundió la Jefatura de Gabinete, los cortes vienen en senda descendente, con una baja de 19% respecto del inicio de la gestión macrista y del 40% respecto del período 2012-15. Esta contradicción puede marcar la tónica de lo que será la batalla legal para el los funcionarios.

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El informe de Cepis agrega que, por las fuertes subas de los precios de la energía, la demanda residencial en megavatios cayó un 17%, al pasar de 1.933.671 en el acumulado de 2016 a 1.614.022 en el acumulado de 2018.

Según el informe, las empresas concesionarias a cargo de la distribución (Edenor y Edesur) registraron un incremento en sus ingresos por servicio del 1.118% y 821%, respectivamente; y una mejora de sus resultados operativos del 223% y 215%, respectivamente.

La pelea por la «razonabilidad» de los aumentos

La presentación también se basa en que en el mencionado fallo de 2016, el juez Juan Carlos Maqueda, en su voto, sostuvo que la gradualidad, certeza, previsibilidad y razonabilidad ayuda a evitar restricciones desproporcionadas.

Allí también se sostuvo que se debe tener en cuenta la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, a efectos de evitar el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de «confiscatoria», en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar.

Y esa imposibilidad conculca el derecho a una vivienda adecuada en los términos establecidos por el art. 11.1 del PIDESC y de la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es que un cuadro tarifario irrazonable genera altos niveles de incobrabilidad y termina afectando al necesario financiamiento del servicio, y como consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del mismo.

Además, de Magario, el amparo fue firmado por los intendentes Gabriel Katopodys (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Julio Zamora (Tigre), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Marcelo Santillán (Adolfo González Chaves) y el Intendente interino de Colón, Pablo Pino.

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