Desde este mes, si el país estuviera transitando por un momento sin demasiados sobresaltos económicos y si no hubiera elecciones en dos meses, las tarifas de luz tendrían un aumento de 8% como mínimo, según la actualización del cuadro tarifario que ocurre cada seis meses en el componente distribución, sobre la base de la inflación acumulada. Pero, dado el contexto económico y político, el Gobierno congeló también estas tarifas para la ciudad y el Gran Buenos Aires, y las empresas advirtieron que la decisión repercutirá en menos inversiones. Deslizan, incluso, que podría notarse en el verano, punto álgido de la demanda eléctrica.

Las tarifas de luz están compuestas por tres elementos: generación de electricidad, distribución -Edenor y Edesur, por ejemplo- e impuestos.

Cuando la actual administración asumió hace casi cuatros años, los usuarios pagaban menos del 10% del costo de la generación. El Gobierno perdió bastante capital político con la decisión de incrementar las tarifas y así reducir los subsidios económicos. Pero a medida que se aplicaban los incrementos, el dólar seguía subiendo. Y en un sector donde el costo de generar electricidad está dolarizado, la meta del Gobierno de terminar con los subsidios cada vez se iba alejando más.

Lo más cercano al objetivo que se alcanzó fue que los usuarios llegaran a pagar el 72% del costo de la luz. Pero la última devaluación posterior a las PASO -el salto más brusco de todas las que hubo- hizo retroceder de nuevo el porcentaje a menos del 50%. El resto del costo de generar la luz lo paga el Estado.

En el tramo que abarca la distribución, en febrero pasado se había alcanzado una normalización de los precios relativos: los usuarios pagaban el costo del servicio de trasladar la electricidad a los hogares, que se les mida el consumo y de que se les emitan las boletas. Las empresas cubrían sus gastos con los ingresos. Esto permitió, según destacan las empresas distribuidoras, que aumenten las inversiones y mejore el servicio.

En estos últimos tres años, el servicio eléctrico pasó de tener 35 horas de cortes de luz anuales por usuario, a las actuales 24. Todavía se está lejos de, por ejemplo, las 8 horas anuales de corte por usuario que tiene Perú (y que tenía la Argentina en 2006), o de las apenas 4 horas que ostenta Chile.

Si se aplicara la actualización del costo de distribución, que según la revisión tarifaria integral se debiera aplicar dos veces al año, en febrero y en agosto, el servicio debiera aumentar un 20%, sobre la base de la inflación de los últimos seis meses. Esto repercutiría en un incremento total de la tarifa del 8%, ya que incluye también los componentes de generación -que su aumento está congelado hasta fin de año- y los impuestos.

«A nosotros los costos nos aumentaron también por inflación: tenemos actualización de paritarias, y nos subió el costo de mantenimiento, de la poda de árboles para que no interfieran en los cables de electricidad, la compra de herramientas, el aluminio, el transformador, entre otras cosas. Si no nos permiten aumentar los ingresos, tenemos que bajar las inversiones, que a la larga lo paga el cliente con una peor calidad del servicio», dijeron en una empresa de distribución.

«Nos costó tanto regularizar la situación. Es una pena volver a quedar desfasados por montos muy pequeños», agregaron.

Incógnita por el nuevo EMSE

En mayo pasado, el Gobierno anunció que estaba concluido el traspaso del control de Edenor y Edesur al ámbito de la ciudad y de la provincia.

Así como el Estado nacional tiene el control de la generación de electricidad, a través de la empresa Cammesa, las provincias son las encargadas de autorizar los incrementos de tarifas en el componente distribución. Esto es así salvo para Edenor y Edesur, que hasta mayo eran reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Desde hace unos meses se decidió crear el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), que estaría compuesto por representantes de la ciudad y de la provincia.

Si bien la constitución del nuevo ente ya obtuvo la aprobación de la Legislatura porteña, todavía hace falta un decreto de la provincia de Buenos Aires para cerrar el acto jurídico. Por lo tanto, en la práctica, Edenor y Edesur todavía dependen de la Nación.

El EMSE fue ideado en un contexto en el que la ciudad y la provincia son gobernados por el mismo signo político, pero si se repite el resultado de las PASO en las próximas elecciones, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof deberán negociar los nuevos aumentos de luz.

Un suministro subsidiado

8% de aumento. Según la actualización del cuadro tarifario, el servicio de distribución debería subir 20%, lo que implicaría un aumento del 8% en la boleta total

50% costo de generación. Es lo que pagan los usuarios del costo de generar electricidad. El resto lo aporta el Estado

4% de incremento. Es lo que debería subir desde este mes la luz para los grandes usuarios (más de 300 kv)

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