Eléctricas y gasíferas sostienen que los precios ya estaban atrasados y reclaman negociar inversiones y subsidios.
Alberto Fernández anteayer despejó todas las dudas: el Gobierno congelará y pesificará las tarifas de luz y gas por 6 meses. Frente a esto, las compañías distribuidores reclaman un marco de negociación que contemple una flexibilización en las inversiones comprometidas o que se otorguen subsidios para compensar la baja de ingresos.
«Lo mejor es que se convoque a todos los actores para encontrar una salida que contemple todas las realidades», resumió una fuente del sector. Las empresas subrayan que ya tienen ajustes pendientes desde febrero de este año, y que ahora se prolongarían hasta julio del año que viene.
Después de algunas idas y vueltas, el lunes por la noche, el Presidente se encargó de clarificar el panorama sobre las tarifas: «No se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Y vamos a dar hasta el 30 de julio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas», dijo y añadió que «a nuestro juicio, (esos servicios) tienen que servir al modelo productivo». No son sólo palabras: la propia ley de emergencia que tratará el Congreso establece la intervención del ENRE y el Enargas, los entes reguladores que fijan los precios de la luz y el gas, y que además controlan la ejecución de las inversiones.
El impacto de la novedad se sintió ayer en la Bolsa. Las acciones de las principales energéticas cayeron, entre ellas Pampa Energía (-4%), TGN (-4,6%), TGS (-5%), YPF (-3,2%) y Transener (3,6%). Los papeles de Edenor ayer bajaron 7% y acumula en el año un descenso de casi 60%.
Eléctricas y gasíferas plantean la necesidad de revisar con el Gobierno un nuevo marco tarifario acorde a las inversiones requeridas. «Ya estábamos congelados desde febrero del año pasado, tenemos tres ajustes pendientes y ahora nos piden 6 meses más», se lamentó un ejecutivo de una distribuidora. Con mayor o menor énfasis, las empresas recuerdan que en 2016, en el inicio del gobierno de Cambiemos, se acordó un programa para actualizar 2 veces por año las tarifas supeditado a un plan de inversiones para mejorar la calidad de los servicios.
«El 90% de nuestros ingresos provienen del pago de las facturas. Y no se actualizan desde abril, porque la suba prevista para octubre no se aplicó y si además se prolonga el congelamiento por 6 meses acumularemos un año de atraso, con una inflación superior al 50%», enumeran las distribuidoras de gas. Para las compañías, sólo existen dos posibilidades. Compensar con una renegociación en los planes de inversión o que el Estado subsidie el retraso de los precios de los servicios. Por ejemplo, Edenor se comprometió a desembolsar $26.000 millones hasta febrero de 2022 y Edesur lleva invertidos US$600 millones en los últimos 3 años.
Pese a todo, algunas compañías se mostraron cautelosas. «Por ahora no podemos dejar de invertir y nada cambió desde ayer hasta hoy», dijeron desde una distribuidora de electricidad. Por otro lado, añadió que prefieren esperar a ver cómo se instrumenta lo anunciado por el Gobierno (intervención de los entes de control y congelamiento tarifario), y qué normativa saldrá del Congreso una vez que se apruebe el triple paquete de emergencia económica y social.
Por lo pronto, ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica) presentó ayer un informe para ser tomado en cuenta en una eventual mesa de negociación con el actual gobierno. El documento habla sobre la incidencia de la carga impositiva en el monto de las facturas que pagan los usuarios en todo el país (46% en promedio) y postula la necesidad de aplicar una «tarifa social» para los sectores más vulnerables. «Adeera promueve la convocatoria a una mesa de diálogo donde estén presentes las nuevas autoridades nacionales, provinciales y municipales junto con todos los representantes del sector eléctrico. Esto permitirá sentar las bases de un plan de desarrollo energético sustentable que contemple todas las variables involucradas», dijeron.
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