El ministro de Desarrollo Productivo explicó la ley ómnibus de emergencia y la intención del Gobierno de intervenir los entes reguladores de energía por un año.

La intervención de los entes reguladores de energía por un plazo de un año es otro de los puntos que busca imponer el Gobierno en el megaproyecto de ley ómnibus de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva». Dentro de ese ámbito, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que busca que las empresas Edenor y Edesur vuelvan a la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Al exponer este miércoles 18 de diciembre ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Cámara de Diputados en el marco del tratamiento del proyecto de ley de emergencia, sostuvo que hay que propender a una «ecuación de equilibrio» en el cuadro tarifario entre el gasto de hogares y empresas, y las inversiones que se requieren para potenciar el sector.

El funcionario explicó que la revisión tarifaria se dará al cabo de un período ventana de 180 días en que se mantendrán los niveles actuales mediante el congelamiento tarifario.

El objetivo es «reducir la carga tarifaria real» y «equilibrar las cargas», ya que «de nada sirve hacer reducciones reales muy significativas en hogares y empresas si eso nos lleva a descuidar las inversiones en el sector».

En tanto, Kulfas destacó que otros de los puntos del proyecto de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva» apunta a facultar al Poder Ejecutivo a intervenir los entes reguladores de energía por un plazo de un año toda vez que en el último tiempo no han cumplido con los objetivos y las funciones para los cuales están concebidos.

Según precisó, la idea es que las empresas EDENOR y EDESUR, que operan en el área metropolitana, vuelvan a la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Al introducir sus consideraciones generales sobre el proyecto, el funcionario resaltó que es necesario «estabilizar la macroeconomía para darle sustentabilidad a la recuperación económica».

«Este proyecto de ley es el primer paso como marco general para encender la economía con un criterio de solidaridad. Los esfuerzos hay que pedirlos a los que se les puede pedir. Hay otros sectores a los que no se les puede pedir nada más», esgrimió.

Sobre los derechos de exportación o más conocidas como retenciones, Kulfas ratificó que la intención es establecer un tope del 33% para el segmento de porotos de soja y hasta un 15% para otros productos agroindustriales, y un 8% en hidrocarburos.

Con respecto a lo que se recaude en materia de retenciones, precisó que un 70% será destinado a reforzar los fondos de la seguridad social.

Por su parte, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont a quien le tocó exponer seguidamente al ministro de Economía, anunció un «plan de regularización de deudas impositivas de pymes».

Destacó que la moratoria prevista no se diferencia sustancialmente de otras que se han implementado en el pasado, aunque señaló que se distingue por el hecho de que se les da «tiempo» a las pymes para que comiencen a saldar sus deudas.

«La diferencia conceptual es que le estamos dando tiempo a las pymes. Es lo mismo que les pedimos a los acreedores externos: que nos den tiempo. A las Pymes se les da seis meses para realizar el primer pago de cuota. La fecha de primer pago es mediados de julio de 2020», puntualizó.

«Este período de gracia que se les está dando se lo piensa en el marco de un modelo económico en que vuelve a aparecer el crédito bancario», agregó la jefa del órgano recaudador.

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