Con la decisión del gobierno de Alberto Fernández de congelar las tarifas de los servicios públicos por 180 días, las facturas de luz y gas en julio del 2020 acumularán casi un año y medio sin cambios.
Esto, debido a que las boletas que las empresas distribuidoras de energía y gas le envían a sus clientes todos los meses se mantienen iguales desde marzo pasado, cuando el anterior gobierno de Mauricio Macri decidió suspender las actualizaciones.
Antes de esa fecha, las facturas habían sufrido dos retoques, en febrero y en marzo, que acumularon una suba del 43,6%. Y, para cumplir con el acuerdo de renegociación integral de tarifas (RTI), se debería haber aplicado un nuevo incremento en agosto para reacomodar las variables de distribución y transporte a la inflación pasada.
Ese cambio quedó suspendido por orden de la gestión de Cambiemos en el contexto de un plan de medidas que la gestión anterior para intentar atenuar la crisis económica que sigue atravesando el país. Ahora, el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se tratará antes de este fin de semana en el Congreso propone mantener este congelamiento hasta julio del año próximo.
También se intervienen los entes reguladores de la electricidad y el gas (Enre y Enargas) y se ordena devolver la jurisdicción de las empresas Edesur y Edenor al ámbito de la Nación, dejando sin efecto una decisión anterior que traspasaba esos poderes a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires.
En el caso de las tarifas, en el artículo 5 del Título III, bautizado Sistema Energético, se establece «el mantenimiento por 180 días de las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal actuales y se faculta al Gobierno nacional a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario para fijar los nuevos valores de los servicios públicos».
Si bien el objetivo oficial es el de «propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020», en el mercado se advierte sobre los riesgos de volver a tiempos del gobierno kirchnerista, cuando las distribuidoras casi entraron en default por el congelamiento tarifario, la suba de costos, el aumento de las inversiones y la mayor carga fiscal.
Las advertencias sobre posibles complicaciones financieras para las distribuidoras, con un marco inflacionario que cierra el año en un nivel cercano al 53%, podría hacer entrar en riesgo las aspiraciones del presidente Alberto Fernández de poner el sistema energético «al servicio del modelo productivo».
El Jefe de Estado hizo en varias oportunidades referencia a «lo que ganaron las empresas», sin tener en cuenta que durante los años de Cambiemos, las distribuidoras solamente mejoraron sus balances en el 2017 y 2018.
Esos años mostraron ganancias que, en el caso de Edenor llegaron a los $4.260 millones el año pasado, y a los $691 el anterior. Pero durante ambos períodos, la empresa controlada por Pampa Energía invirtió casi $12.000 millones con la prioridad puesta en alcanzar la calidad de servicio comprometida en la revisión tarifaria integral que se puso en vigencia desde febrero del 2017. La misma se vincula con la necesidad de atender la demanda de sus más de 9 millones de clientes particulares y 37.000 Pymes y grandes industrias que operan en su área de concesión.
Se trató del mayor nivel de fondos aplicados por la compañía a la mejora de la red de distribución, desde su creación y superiores en más de $1.600 millones a las comprometidas con el ente regulador. Además, el directorio de Edenor tomó la decisión de no distribuir dividendos a sus accionistas en 2018, tal como sucede desde el año 2001, razón por la cual los fondos generados se aplicaron a inversiones y gastos operativos en su totalidad. En el caso de Edesur, en el 2018 ganó $3.087 millones, recuperando sus estados financieros de las pérdidas por $997 millones que había acumulado en el 2017.
En cuanto a las inversiones, se mantuvieron en niveles similares a los del 2017, llegando a los $20.000 millones para mejorar la calidad del servicio con obras en subestaciones y cables de alta tensión. Es más, el grupo italiano Enel, controlante de Edesur, debió girar aportes por $6.000 millones durante este año para sostener las operaciones de la distribuidora y es probable que tenga que repetir el mecanismo si se aprueba el cambio de escenario en el negocio. Una situación similar logró Edelap durante el año pasado. La mayor distribuidora de electricidad de la provincia de Buenos Aires obtuvo ganancias por $1.576 millones.
Pero a pesar de los números, la radiografía del sector hecha por funcionarios del actual Gobierno advierte que las medidas tomadas por Macri en materia energética agravaron la situación de la gente y de las empresas. Por ese motivo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que se aplicará un nuevo marco integral para cambiar el esquema tarifario por otro que genere condiciones adecuadas para la producción y que fomenten la inversión en la energía.
En este contexto, un estudio de Adeera, cámara que nuclea a 48 distribuidoras de electricidad de todo el país, explica que las facturas tienen en promedio un 46% de impuestos aplicados por el Estado, que impactan directamente en el usuario final.
El trabajo sobre la Incidencia Impositiva revela que la aplicación de tasas, impuestos y contribuciones a lo largo de la cadena eléctrica alcanza un promedio de 46% a nivel país de lo que paga el usuario final (con una banda entre provincias que va de 42% al 50%). Además, demuestra que la incidencia impositiva más elevada la tienen los usuarios residenciales con 47%, debido a que para ellos el IVA no es trasladable.
El documento hace también referencia a la llamada tarifa social. Parte de comparar los consumos energéticos con los ingresos de los hogares y brinda una propuesta para encarar un nuevo cuadro de facturación para los sectores de menores recursos que se enfoca en dar una respuesta eficiente a los más necesitados.
«Esta tarifa contempla integralmente a las personas, clubes de barrio y diversas entidades que la requieran dados sus ingresos o impacto que tienen en los distintos públicos, en sus actividades y necesidades», añade el estudio distribuido por Adeera.
La propuesta mantiene el nivel agregado de subsidios actual, pero lo asigna a personas que más lo necesitan y, para los barrios populares, promueve la reducción de la pobreza estructural mediante la extensión de los servicios públicos. Los autores del documento piden también al Gobierno una convocatoria a una mesa de diálogo donde estén presentes las nuevas autoridades nacionales, provinciales y municipales junto con todos los representantes del sector eléctrico. «Esto permitirá sentar las bases de un plan de desarrollo energético sustentable que contemple todas las variables involucradas», agrega.
Adeera nuclea a 48 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo que brindan servicio a más de 40 millones de personas a través de 427.000 kilómetros de redes. Distribuyen más 120.000 GWh al año, lo cual representa el 97% de la energía que consume el país y emplean en forma directa e indirecta a 100.000 personas aproximadamente. En conjunto, llevan invertido más de u$s10.000 millones en el mejoramiento de sus redes, tecnología y seguridad, desde su creación.
La cámara considera al desarrollo energético como «estratégico» y admite que «demanda consensos y políticas públicas que atiendan los intereses de todos los sectores».
Por esos motivos, puso a disposición de las autoridades los dos estudios técnicos sobre Incidencia Impositiva en Tarifas Eléctricas y Tarifa Social, a modo de «contribución para la readecuación y adaptación de las tarifas en esta.
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