Como parte de su estrategia para mejorar la recaudación, la cooperativa CALF profundizó los controles para atrapar a los “enganchados” del servicio de luz. A partir de 2015 puso en marcha un plan para detectar el fraude, que consiste en cruzar la información de distintas dependencias en busca de conexiones clandestinas. En 2014 encontraron 978 usuarios colgados de la red, un promedio de tres casos por día.

Para descubrir a los vecinos que usan la luz sin pagarla, CALF cuenta con dos recursos. Por un lado, mejoró la coordinación entre sus sectores internos, de modo que los datos de los consumos se crucen con los del departamento comercial y la guardia de reclamos, entre otros, lo que permite que se evidencien los casos de incongruencias. Como segunda alternativa, están las denuncias de los propios vecinos que ven alguna irregularidad.

Fernando Garayo, presidente de CALF, indicó que buscan erradicar a los enganchados para evitar la sobrecarga de las líneas y los accidentes, “como que una persona se electrocute”. Añadió que también tienen como objetivo mejorar las finanzas.

Contó que el plan depende del área Disciplina de Mercado. Una vez que se detecta una conexión sospechosa, el departamento de Fraude acude a evaluar los medidores.

Si confirman que se trata de un usuario clandestino, se corta el servicio y se lo intima para que regularice su situación. “Y si existe un dolo importante, entonces se va también a la vía judicial”, comentó.

Durante 2014 se detectó que casi mil personas tenían conexiones no habilitadas. “Son las inspecciones que tuvo Disciplina del Mercado, que en todos los casos se pudieron solucionar”, indicó Garayo. Precisó, además, que en general eran fraudes menores, “aunque también tuvimos algunas situaciones importantes”.

Tomas

Aclaró que este plan contra los que se cuelgan de la red se realiza al margen del trabajo para regularizar las tomas, “que es distinto porque eso depende de un esfuerzo en común con Provincia y el Municipio”.

Garayo explicó que en los casos de tomas de terrenos, la cooperativa no puede controlar si el Municipio no la autoriza, porque es el poder concedente y “se trata de un lugar que no forma parte oficialmente de la red eléctrica”.

Se estima que más de 5 mil familias viven en tomas y consumen la luz sin pagarla. A partir del trabajo en conjunto de CALF con las autoridades provinciales y municipales, durante el último año incorporaron al cobro a 779 usuarios de asentamientos.

Garayo indicó que tanto el plan contra los enganchados como el ordenamiento de las tomas ayudan a que la cooperativa supere su situación deficitaria. “Un medidor que se regulariza son pérdidas que se dejan de tener”, subrayó.

Fuente: www.lmneuquen.com.ar