El proyecto elaborado por el Inaes -organismo de control y fiscalización de todo el movimiento cooperativo y mutual- busca ser consensuado por la mayoría de las organizaciones del sector. Propone cambiar el paradigma y apuesta a un sector solidario fuerte.

Los debates comenzaron en enero y se extenderán por todo el semestre, con la intención de “pulir” el mejor proyecto de ley para el cooperativismo y que, como corresponde al sector, se espera salga con el máximo consenso y la participación de todas las áreas.

En esa línea, se convocará a distintos foros a lo largo y ancho del país para debatir la formulación de una ley federal para la economía solidaria, que reemplace y amplíe los alcances de las actuales leyes de cooperativas y de mutuales, promulgadas en 1972.

El objetivo es “poder alcanzar una ley-programa que recoja las experiencias participativas y posibilite consolidar la construcción de un modelo que surgió y se desarrolló luchando contra los monopolios, que demanda que el Estado le reconozca su espacio y lo proteja”, según afirmó Patricio Griffin, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), uno de sus promotores, al momento del lanzamiento de la iniciativa. “El modelo socioeconómico que se desarrolló en estos años no va a ser posible de aquí en más si no encontramos formas de convivencia entre la economía social, el sector público y el sector privado”, advirtió Griffin, al precisar que “en la construcción de este proyecto de ley se definen nuestros próximos 15 ó 20 años”.

La iniciativa que espera contar con la participación de todo el movimiento cooperativo y mutual ya cuenta con el apoyo explícito de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de un conjunto de legisladores oficialistas encuadrados en la comisión de legisladores cooperativistas. “Tanto el Ministerio como el Inaes respaldaron en los últimos diez años la construcción de una economía solidaria fuerte y articulada, aunque en un camino que estuvo plagado de dificultades y, también, de limitaciones de orden legal para poder cumplir su objetivo”, se subrayó al momento de la presentación, realizada el 12 de diciembre, que preanunció el lanzamiento del programa de consultas a partir de enero pasado.

“Las dos leyes, que son de la etapa final de la dictadura de 1966 a 1973, presentan una serie de obstáculos para que el Instituto pueda controlar el fraude que muchas veces se comete utilizando las figuras de mutuales o cooperativas. El Inaes cuenta con todas las facultades de administración de los dos sistemas -cooperativista y mutualista- pero no para intervenir en casos graves de uso de las entidades para otros fines. Por ejemplo, para distintas formas de fraude laboral, cuando alguna empresa adopta la forma de cooperativa de trabajo para utilizar personal que no declara y al que no le aporta como corresponde. O para el fraude fiscal, cuando se arman entidades cooperativas o mutuales para el descuento de cheques u otro tipo de transacciones financieras. Hoy, aunque a través de los mecanismos de fiscalización lo detectemos, no podemos actuar directamente para poner fin a estas prácticas”, lamentó Griffin en la oportunidad, anticipando uno de los aspectos en que hará eje el cambio del régimen legal: el fortalecimiento en la acción de control e intervención del Estado.

Otro de los ejes del proyecto es legislar sobre el derecho de las cooperativas y mutuales a gozar de los beneficios fiscales que reciben, por ejemplo, las empresas extranjeras cuando se radican. “Hoy nos parece normal que cuando viene una empresa del exterior a radicarse se le otorguen exenciones impositivas por cinco años, se le cedan tierras fiscales para instalarse y otros beneficios. Si, en cambio, se constituye una cooperativa o mutual para crear un establecimiento productivo, nadie imagina que pueda recibir nada de eso”, ejemplificó Griffin.

El sector de la economía social tuvo un destacado desarrollo en la última década, pero ahora reclama una estructura legal que permita su consolidación. Los rubros en los que tiene mayor presencia son el agrícola (“el cooperativismo agrario se mantuvo”), el de seguros (“nueve de las quince principales aseguradoras del país son cooperativas o mutuales”) y el de servicios públicos “tenemos 970 cooperativas de servicios que permiten que en 650 ciudades del país la población esté atendida por empresas que están plenamente en sus manos, y no tienen cortes de luz en verano”. Pero, como indica Griffin, “prácticamente no hay sector económico en el que no haya una presencia, mayor o menor, de alguna forma de economía solidaria”. Los desarrollos más recientes corresponden al del espacio audiovisual, de la mano de la ley de medios, pero también en las ramas de radios y diarios.

Fuente: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social