Contundentes amenazas se ciñen discretamente sobre el erario. Generadoras y distribuidoras de electricidad alistaron multimillonarias demandas por condiciones presuntamente desfavorables a su negocio generadas por la política del gobierno anterior y, en algunos casos, buscan cómo postergar el pago de obligaciones que tienen a la caja pública como acreedora. ¿Sinceramiento o apuesta al Estado bobo?…

Edenor y Edesur tienen en gateras un reclamo que en los últimos meses del año pasado redondeaba los $ 67.000 millones. Estaría fundado en los perjuicios que le ocasionó la pesificación y congelamiento de tarifas, decisión que dio origen a los nutridos subsidios que hoy caracterizan al sistema eléctrico.

La norteña, liderada por Pampa, de Marcelo Mindlin, llegó a acudir a los tribunales locales, en un trámite que por ahora tiene tránsito lento. Sin judicializar la apuesta, la sureña, de los italianos de Enel, también aspira a un resarcimiento por igual concepto en negociaciones por ahora muy discretas y de valores que no quieren precisarse, quizás porque las empresas estarían dispuestas a arreglar por una décima de aquel número. «Algo es mejor que nada», parece ser una máxima de los negocios.

Más conocido es el otro reclamo de las distribuidoras metropolitanas, por un acuerdo firmado hace 25 años y vencido hace dos, que las obligó a proveer a barrios de emergencia un servicio a pagar por la Nación y provincia, con la colaboración de municipios, también sujetos a brindar infraestructura para transformar las villas en barrios estándares y a sus carenciados habitantes en clientes.

Pero según denuncian las empresas esa carga no fue honrada desde fines del 2017, con el agravante de que los asentamientos siguen creciendo: desde 1994 se duplicaron. Así, sólo Edesur computa una acreencia de $ 1000 millones.

A diferencia de lo que se negoció con las gasíferas, cuando bajo la administración macrista consiguieron la Revisión Tarifaria Integral, las eléctricas no asumieron el compromiso de no demandar al Estado por cuestiones pasadas a cambio de la recomposición tarifaria que mejoró drásticamente su ecuación a futuro.

Ahí se abrió la puerta para que se exprese la naturaleza empresaria genuina, más allá del tipo de actividad: ir por todo lo que se pueda. La avidez se estimula particularmente si adelante está la caja estatal, que es de todos y, por eso, de nadie. Apenas custodiada por funcionarios que son aves de paso.

En el rubro generación también proliferan los reclamos cruzados contra los estados, por razones diversas y complejas. Sólo a modo de ejemplo: AES, una de las actoras más importantes del escenario energético, demandó a la Argentina ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por lo que consideró una discriminación en contra de las hidroeléctricas, que cobraban la energía aportada al sistema menos que las usinas térmicas. Vale acotar que la trasnacional de origen norteamericano tiene en su activo local tanto represas centrales a fósiles.

La situación se habría generado básicamente durante en la gestión anterior y la firma norteamericana, dueña de Alicurá, entre otras, apeló al tribunal bancomundialista para obtener una indemnización por aquel concepto, sin especificar aún el monto pretendido.

La causa estuvo congelada pero desde fin de año habría comenzado a activarse.

Otro conflicto complejo en desmedro del Tesoro es el que se planteó con las distribuidoras del interior, que utilizan como insumo la energía de precio dolarizado, en parte cubierto por la Nación a través de la subvención que maneja Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico.

A ese costo se le añade el valor agregado de distribución (VAD), que varía enormemente de una empresa a otra. Entre las compañías que tienen un mayor margen (porción de la tarifa que alimenta su negocio) están las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, propiedad de Rogelio Pagano (Edea, Edes, Eden y Edelap) o la cordobesa estatal Epec, cuyos precios son fijados por la autoridad regulatoria local, que convalida márgenes más o menos altos.

La alta cobrabilidad del servicio eléctrico transforma a esas compañías en recaudadoras clave, no sólo para el sostenimiento del servicio de distribución sino, en algunos casos, para las finanzas provinciales. El problema es que muchas asumieron voluminosas deudas con el sistema, ya que no pagan la electricidad que distribuyen.

Ese millonario paquete en mora crece permanentemente y no hay muchas chances para cobrarlo. No pueden embargarse los fondos coparticipables porque, finalmente, Cammesa es una firma privada, aunque esté gerenciada por el Estado, que detenta el 20%. Tampoco se les puede interrumpir del suministro, ya que se trata de un servicio básico y no es difícil que un juez ampare el derecho de los usuarios a recibir la luz que la distribuidora no paga. Sólo queda avanzar en juicios ejecutivos que congelen sus cuentas. Medida de alto impacto político que el propio presidente Mauricio Macri querrá evitar en tiempos electorales.

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