La idea es permitir subas de luz y gas después de julio pero manteniendo beneficios a clientes con ingresos insuficientes para abonar el costo total.El Gobierno comenzó a estudiar posibles medidas para aplicar en el sector de los servicios públicos el día después que finalice el congelamiento de tarifas impulsado por el presidente Alberto Fernández a través de la Ley de Emergencia Económica que votó el Congreso a fines del año pasado.

En el caso de las facturas de electricidad y gas, la norma, cuyo nombre completo es el de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, estableció un período de 180 días en los cuales no se pueden modificar los valores.

Teniendo en cuenta el momento en el que la norma comenzó a regir, el plazo se vence el 30 de junio y la decisión oficial es no prorrogar el congelamiento por entender que, de lo contrario, se frenarían millonarias inversiones necesarias para reactivar los servicios y mejorar las cuentas del propio Estado.

En este marco, el pasado miércoles el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió con un importante grupo de empresas del sector gasífero representado por altos ejecutivos de las distribuidoras y productoras.

El encuentro se desarrolló en las oficinas del funcionario durante media mañana y también contó con la presencia del secretario de Energía, Sergio Lanziani y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales. Por el lado de las compañías, hubo presencia de las más importantes del sector y de representantes de Adigas como María Tettamanti, vicepresidenta de la cámara empresaria y CEO de Camuzzi, además de Fernando Ambroa, titular de Metrogas.

Y habría sido organizada por impulso de Daniel Martini, ex ejecutivo de Edesur durante los años de tarifas dolarizadas y congeladas por el kirchnerismo y actual referente de Adigas. En el armado también habría estado el Grupo Mol, una consutora de lobby político que pertenecería a Mauricio Mazzón, hijo del mítico ex asesor presidencial, Juan Carlos «Chueco» Mazzón.

De todos modos, fue el propio Kulfas quien lideró las conversaciones y quien les adelantó a los empresarios que una de las variantes que se encuentran bajo análisis es la de aplicar una fórmula de tarifas diferenciales, según el poder adquisitivo o la zona donde residan los clientes de las empresas distribuidoras.

Si bien en la reunión solamente estuvieron presentes referentes del sector gasífero, de aplicarse la idea también regirá para las compañías de electricidad y se debería aplicar en todo el país.

Por ahora no se conocen encuentros con ejecutivos de las energéticas como Edesur y Edenor que en la actualidad están «apuntadas» por sectores del oficialismo por los tarifazos de la era Macri.

De hecho, en el mercado se asegura que el diputado Máximo Kirchner quiere forzar la salida de Lanziani de la Secretaría de Energía para colocar a un hombre propio, tal como ya lo vino haciendo en YPF donde designó a varios de sus más cercanos colaboradores.

El actual jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos habría elegido a Antonio Pronzato, un ex director del Enargas que tejió estrechos lazos con De Vido y que se encuentra vinculado a varias causas de corrupción como la pata local del caso Odebrecht.

La apuesta del hijo mayor de Cristina es aprovechar el desgaste sufrido por Lanziani en estos pocos meses que lleva en su cargo y en el cual sufrió la renuncia de varios de sus colaboradores y no logra profundizar lazos con las principales empresas petroleras del país.

Con respecto al encuentro de Kulfas con las gasíferas y según pudo reconstruir iProfesional, se trató de una reunión cordial en el cual el ministro dejó una positiva impresión entre los hombres de negocios por sus ideas moderadas y coherentes.

Fuentes oficiales aseguraron que Kulfas les aclaró a las empresas que no hace falta confirmar el descongelamiento porque su vigencia se estableció por ley y que el objetivo del Gobierno es rediscutir los esquemas tarifarios para llegar a un resultado que, incluso, puede definirse antes de los 180 días.

También hizo referencia a la necesidad de identificar quiénes son los usuarios que reciben beneficios para que lleguen a aquellos sectores que realmente los necesitan.

Es decir, les anticipó que los 180 días de congelamiento son un límite y que si las condiciones se dan hasta se podría levantar la medida antes de los seis meses establecidos. Esto se debe a que el Gobierno no convalida políticas de este estilo que se aplicaron en las anteriores gestiones de Mauricio Macri y la propia Cristina Kirchner.

Es decir, se entiende la necesidad de volver a darle previsibilidad a las empresas con un marco estable de precios para retomar la senda de inversiones en el sector, pero también se tratará de impedir que se vuelva a un esquema de facturas en muchos casos impagables.

En este caso, es probable que, como también lo hizo Macri, el Gobierno mantenga o incremente el nivel de subsidios que todavía tienen las tarifas y que permite que los usuarios residenciales paguen hasta un 40% del costo real de generar energía.

Ocurre que las sucesivas devaluaciones que se dieron durante la gestión de Cambiemos impidieron al anterior gobierno el objetivo de que al final del mandato los clientes pagaran el 90% del valor de las boletas que reciben.

Ahora, y según fuentes empresarias que participaron de la reunión, una de las alternativas es que paguen más los que tienen capacidad económica para hacerlo, en el marco de un sistema de clasificación de usuarios por estrato social.

Si bien desde las oficinas de Kulfas negaron que el ministro haya hablado de un esquema de tarifas diferenciales, otras fuentes privadas interpretaron que la idea es similar a la que durante la gestión de Amado Boudou, como ministro de Economía, y Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación Federal, intentaron aplicar sin éxito hacia finales del 2011 bajo el nombre de «redireccionamiento equitativo».

Por entonces los hoy ex funcionarios condenados por causas de corrupción, anunciaron una estrategia de quitas en los barrios y zonas más pudientes de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. También se restringieron los subsidios a countries y barrios privados que no reunían las condiciones necesarias para seguir recibiendo esa ayuda y que iban a pasar a pagar las tarifas plenas de agua, electricidad y gas.

De hecho, hasta se creó una comisión biministerial para el estudio de los subsidios que debía evaluar los diferentes casos para establecer quiénes comenzaban a abonar más y quienes se mantenían en el grupo de los beneficiados.

En ese esquema, en los barrios que habían quedado afuera de la protección estatal, sus habitantes debían llenar un formulario de reempadronamiento obligatorio, en el cual se les consultaron determinadas características del hogar y se les preguntó a los usuarios si consideraban ser merecedores de seguir siendo subsidiados.

Si el cliente no respondía, con la factura siguiente le llegaba un recordatorio y en caso de seguir sin contestar, el período siguiente se le comenzaba a facturar con las subas correspondientes a la quita de subsidio.

Si bien entre las empresas esa medida fue vista con buenos ojos, ni un solo peso de los aumentos iba a ir a parar a las arcas de las por entonces complicadas distribuidoras y generadoras ya que el dinero debía ser manejado por un fideicomiso destinado a financiar inversiones.

Pero el recorte se frenó en marzo del 2012 como consecuencia del enfriamiento de la economía. La ex presidenta Cristina Kirchner decidió detener la eliminación de esos subsidios a los servicios públicos de gas, electricidad y agua en todas aquellas zonas en las que el recorte no había llegado.

Y por orden del Ente Regulador del Gas (Enargas) y del Ente Regulador Eléctrico (ENRE), los usuarios que ya habían pagado sus consumos de mayo y junio con aumentos tuvieron créditos a su favor en las facturas.

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