Las propuestas de Alberto Fernández no es sólo pagar menos de lo que habríamos de pagar con Macri, sino pagar acorde a la capacidad de generación del recurso energético -incluyendo inversiones-, ingresos, capacidad de ahorro y devenir inflacionario.

A través de sendos discursos y entrevistas, Alberto Fernández anticipó dos grandes medidas en materia energética en caso de resultar electo.

• La desdolarización de la energía.
• Un estudio exhaustivo de la herencia tarifaria macrista.

La dolarización de la energía es la extranjerización de los costos y los precios. Es parte indisoluble de la mercantilización de la energía padecida con Mauricio Macri, esto es, su reducción a un producto como los que uno encuentra en la góndola de un supermercado, pero con aún más prebendas.

Al dolarizar la energía las empresas se protegen de la inflación y la devaluación, y se aseguran el mejor retorno para sus dueños y accionistas, buena parte de los cuales son extranjeros. Importan a precio dólar y exportan a precio dólar. Y a dólar nos venden la energía, siendo la República Argentina un país productor y generador de energía.

En este marco, el riesgo empresario es “cero” con costos de generación, transmisión, distribución e inversión (las cuestiones vinculadas a la construcción no están dolarizadas) cubiertos en dólares. Con el agravante de que una reducción en el precio del gas en boca de pozo no sólo no se tradujo en una reducción de la tarifa, sino todo lo contrario.

Sumemos la disponibilidad indiscriminada de utilidades, dividendos y otras comisiones giradas al exterior donde están sus casas matrices o grueso accionario. Sumemos que muchos yacimientos convencionales no deberían tener sus costos dolarizados; igual vale para los no convencionales en los que todos sus costos se han dolarizado.

¿Todos los costos tienen que estar realmente en moneda extranjera? En fin, una suerte de “venas abiertas”, pero para la energía. ¿Las consecuencias?

• Se prefiere importar combustibles que producirlos localmente.
• Se prefiere exportar masivamente gas en vez de preocuparse por volcarlo al mercado interno (que además lo necesita en cantidades decrecientes).

Tampoco se presentan proyectos de agregación de valor aguas abajo, como cabría esperar con la industrialización del gas. El foco puesto en construir plantas de GNL financiadas por el Estado y en un gasoducto que conecte Vaca Muerta con los puertos de Buenos Aires, en lugar de ampliar los existentes, en lugar de terminar el gasoducto del NEA, paralizado por esta gestión y que podría llevar gas de red a más de 750.000 nuevos usuarios de las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe (norte), Corrientes y Misiones; en lugar de una auténtica revolución de la industria petroquímica y química.

Al dolarizar la energía, por último, se destroza la economía nacional y el mercado interno (72% de la demanda agregada). Los ingresos de los argentinos y las argentinas (en pesos) se pulverizan. La producción y la industria domésticas asfixiadas, especialmente las pymes que no tienen capacidad de “fijar precios internos” acentuando la concentración de la oferta que las políticas de Macri han generado.

Pero, además, la dolarización retroalimenta la inflación y la necesidad de nuevos ajustes (incrementos) en precios y tarifas, que se hacen más fuertes en un contexto donde la crisis de deuda externa obligó y obligará a mantener una paridad del tipo de cambio “alta respecto de su promedio histórico”.

También y paradójicamente, la dolarización retroalimenta los subsidios. Y no es que esté mal subsidiar la energía. Lo que está muy mal es tener un escenario donde la ciudadanía subsidia a las empresas y de forma creciente (vía tarifa), donde el Tesoro subsidia a las empresas también de forma creciente en simultáneo a tarifas impagables para la inmensa mayoría de la población desde hace ya más de un año. Es muy importante destacar que la desdolarización de precios y tarifas -la pesificación de aquellos costos que efectivamente puedan “argentinizarse”-, no implica necesariamente una reducción en las tarifas o combustibles respecto de lo que pagaríamos con si Macri continuase en el poder más allá de 2019.

Tampoco implica tarifas “justas y razonables” como establecen las leyes, la Constitución Nacional y el fallo de la Corte Suprema (agosto de 2016) para los usuarios y las usuarias; menos que menos, que las mismas sean asequibles, esto es, que puedan ser pagadas por la ciudadanía, los comercios, pymes industriales, economías regionales y pequeños productores, todo en el marco (fomentando) un normal desenvolvimiento tanto de las economías regionales como de la economía nacional.

Y es por este motivo, que creemos que Alberto Fernández acompaña su propuesta de desdolarización con el necesario y estratégico paso de estudiar la herencia tarifaria macrista. ¿Por qué? Precisamente porque entendemos que el objetivo superior es alcanzar un sistema energético y un esquema tarifario “justo, razonable y asequible”.

En función de ello, estudiar la estructura de costos para la pesificación del precio del gas con la justipreciación de los insumos y equipos que están dolarizados (válvulas, químicos, etc.), si bien resulta central, en esta etapa quizás sea aún más central asegurar el cumplimiento de las Actas Acuerdo en lo referido a la indexación “no automática” de las tarifas.

Esto, porque la indexación con Macri pasó a ser “automática” y ligársela primero al IPIM para luego cambiar sin más trámite a una combinación IPIM/IPC/ICC, lo cual trajo aparejado un sinnúmero de rechazos por parte de las licenciatarias ya que dicho cambio no estaba contemplado, terminando en una baja significativa de sus inversiones.

Ahora, ¿qué problema hay con dichos parámetros de indexación? Que en un contexto de economía progresivamente dolarizada se constituyeron en factores “dolarizadores” de la tarifa por excelencia.

Finalmente, agregar que en la cumplimentación de las Actas Acuerdo no puede dejar de mencionarse que, en primer lugar, no se han corregido, como lo demandaba el cuadro tarifario, los porcentajes de gas retenido cobrados a los usuarios; y en segundo, el aumento insólito e injustificado de la base tarifaria en 33 veces, explicando el salto astronómico en los valores y, con ellos, las rentabilidades y ganancias de las licenciatarias. (1)

Se impone pues, regresar al ajuste predictor de la tarifa, elaborando una nueva polinómica contemplando como variables la demanda, los insumos dolarizados, los salarios, la cumplimentación de inversiones, las ganancias y rentabilidades, la inflación, etc.

Al cabo de seis meses se estudian todos y cada uno de ellos, y se concluye si la tarifa fue la correcta o no, corrigiéndose para el próximo semestre. Si hubo un exceso, se reducirá la tarifa y corregirán predictores para el próximo período; si faltó, se aumentará.

Tal accionar significa, en primer lugar, adecuarnos a las leyes, a la Constitución Nacional, al fallo de la Corte Suprema de 2016 y a los tratados internacionales en la materia. En segundo lugar, no sólo pagar menos de lo que habríamos de pagar con Macri, sino pagar acorde a nuestra capacidad de generación del recurso energético – incluyendo inversiones-, nuestros ingresos (poder adquisitivo), capacidad de ahorro y devenir inflacionario.

Nunca más la disyuntiva si alimentarnos o pagar la factura de gas y/o luz; si calefaccionarnos o pagar la factura de gas y/o luz. Significa, resumiendo, priorizar la protección y fomento de los intereses y derechos de los usuarios y consumidores, sobre todo en el marco de los resultados de la política energética neoliberal, su impacto en el masivo empobrecimiento energético del pueblo argentino, así como en la reconversión de la energía (de acuerdo a sus precios y tarifas prohibitivas) en herramienta de destrucción del consumo y el mercado interno; en herramienta de desindustrialización, ahogamiento de las economías regionales (ampliando la brecha de desarrollo en el interior profundo) y concentración de la oferta de bienes y servicios.

Con tarifas “justas, razonables y asequibles” conseguiremos justicia y razonabilidad de ganancias y rentabilidades para toda la cadena energética: productoras, generadoras, transportistas, distribuidoras, trabajadores del sector, Estados nacional y provinciales, usuarios y consumidores. Lo mismo es válido para el golpeado sector de los biocombustibles, fuente preciosa de industrialización de la ruralidad, de generación de empleo pyme y de desarrollo genuinamente federal. Con precios de la energía y tarifas guiadas por dichos atributos ningún actor de la cadena de valor perderá; más bien, la clave pasa por buscar un punto de equilibrio en el que todos ganen -en el caso del servicio público del gas de red, desde las productoras a usuarios-, pero de forma justa, razonable y equitativa. En cuanto a la salud económica del Estado nacional, tarifas “justas y razonables” implicará incluso un ahorro y hasta un despacho más eficiente por parte de IEASA (ex ENARSA).

Únicamente con tarifas “justas, razonables y asequibles” se contribuirá desde el sector energético a encender la economía, recuperar el consumo y reinyectar dinero en el bolsillo de la ciudadanía, neutralizar la concentración de la oferta en grandes productores de bienes y servicios en el mercado local que la política de Macri ha generado, volviendo a traer así esperanza y prosperidad al mercado interno, base para el normal funcionamiento del país.

(1) Tampoco podemos dejar de mencionar que cualquier estudio serio de la herencia tarifaria deberá tener muy presente el nivel de endeudamiento en dólares de las empresas y con qué objetivo se tomó esa deuda. Por ejemplo, ¿se destinó a inversiones, a negocios fuera del servicio regulado, al pago de dividendos? Conocer el uso y destino es clave, puesto que muy probablemente aparezca como argumento la necesidad de aumentar tarifas a los efectos de cancelar dichas deudas.

(*) Director de OETEC

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