El Gobierno puso topes a los aumentos de gas y electricidad en hogares, pymes y clubes de barrio; más costo fiscal. El Gobierno le puso ayer un techo para todo el país a los aumentos en las tarifas de luz y gas que aplicó en febrero y en abril, respectivamente, luego de reclamos encendidos de diversos sectores de la sociedad y de la oposición política, que plantearon en la Justicia demandas que amenazan con frenar ambas decisiones en los tribunales.

Después de una reunión con gobernadores y representantes de todas las provincias, la administración de Mauricio Macri dispuso ponerle un tope de 400% a los aumentos del gas para los clientes residenciales de todo el país (a igual nivel de consumo del mismo período del año anterior), y un límite de 500% al incremento en la factura final que recibirán los comercios, las pymes, los hoteles de turismo y los clubes de barrio. Para estos últimos, además, habrá un fondo de 200 millones de pesos para atender necesidades específicas relacionadas con los servicios públicos.

En ambos casos, la medida es retroactiva al 1° de abril pasado.

En el caso de la electricidad, las medidas son distintas. No habrá un tope para los aumentos, pero se incrementó el bloque gratuito de la tarifa social, de 150 KVh a 300 KVh para los hogares de aquellas provincias que no están conectadas a la red troncal de gas.

En el caso de las pymes electrointensivas, que según la lista que armó el Ministerio de Producción, alcanza a 393 compañías, se les reducirá 20% la tarifa de generación, que implicará bajar el precio del megawatt para ese sector de 51 a 41 dólares. Los usuarios que ya pagaron o paguen su factura de gas por encima de los topes informados recibirán un crédito en la próxima facturación.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, explicó ayer los cambios en las tarifas en un encuentro con la prensa. Las aclaraciones no eludieron la autocrítica. «Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, más capacidad de análisis, teniendo en cuenta todas las realidades locales y el momento [en que se aplicaron las subas], previo a una instancia invernal, se podría haber hecho con más racionalidad si quieren, de una manera un poco más lógica».

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que participó junto a Aranguren en las reuniones con gobernadores, sostuvo en un comunicado: «Nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre con todos los sectores. En estos cinco meses de gestión hemos dado claras muestras de que somos un gobierno que dialoga, que escucha y que cuando se equivoca, corrige», aseguró.

Aranguren le dedicó varios minutos a explicar los alcances de la tarifa social, que favorece a los sectores menos favorecidos. En el caso del gas, hay 8,51 millones hogares conectados a la red, de los cuales 1,52 millones son elegibles para ese beneficio, que consiste en pagar el transporte y la distribución del recurso, pero no la remuneración a los productores. En San Luis, por ejemplo, un 33% podrían alcanzar la tarifa social.

En el caso de la luz, hay 14,64 millones de hogares con energía eléctrica, de los cuales 3,25 millones son elegibles para la tarifa social. De ese número, según Aranguren, ya 2,86 millones tienen el beneficio.

La marcha atrás parcial en los aumentos de tarifas tendrá un fuerte costo fiscal para el Gobierno, acosado por un déficit primario que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, procura reducir.

Para el gas, deberá poner $ 2250 millones, mientras que en el caso de la luz destinará $ 500 millones. Suman $ 2750 millones que en el plan original estaba previsto que lo pagaran los clientes y ahora saldrán del Tesoro. Aranguren insistió en que «el objetivo principal [de la recomposición tarifaria] es generar condiciones para que en la Argentina haya energía, no el ahorro fiscal».

«Un aumento del 500% también es importante, pero el objetivo es tener energía», comentó Aranguren. En la última década se registró una fuerte caída en la producción de gas y petróleo, mientras que el incremento de la oferta eléctrica no alcanza a cubrir los picos de demanda. «Tenemos que generar las condiciones para que se invierta en el país y empecemos a pensar cómo podemos tener más energía», completó más adelante.

Durante una hora, el ministro no se mostró en ningún momento descontento con la marcha atrás. Empezó su exposición reconociendo que «la aplicación del nuevo cuadro tarifario generó preocupación y angustia en la población», valoró el trabajo de los gobernadores, que lo criticaron con dureza frente a los medios de comunicación y llevaron sus reclamos a los estrados, y sólo atinó a justificar algunos efectos del aumento en que el retraso de las tarifas de gas en algunas provincias llevó a enormes distorsiones una vez aplicados los aumentos.

Según la lectura de Aranguren, los gobernadores se fueron de los encuentros satisfechos, por lo que espera que no avancen las presentaciones que hicieron en la Justicia para frenar los aumentos. «Sería deseable que este tema se resuelva políticamente y no judicialmente», sostuvo el funcionario.

Las claves del anuncio oficial sobre energía

Gas natural: Se establece un tope de 400% de aumento para los usuarios residenciales en todo el territorio nacional.

Para pymes y comercios: El tope es de 500% para los usuarios SGP1, 2 y 3 (pymes, comercios y hoteles) para todas las provincias.

La aplicación: Los topes se aplican sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario anterior y con un mismo nivel de consumo.

Energía eléctrica: Los usuarios del servicio en las provincias del noreste argentino duplican su umbral de consumo.

Para empresas: Aproximadamente 400 empresas electrointensivas tendrán un descuento de 20% en su tarifa.

Fuente: www.lanacion.com.ar