La Provincia tendrá que pagar unos 17 millones de pesos en expropiaciones de tierras y mejoras para la construcción de Chihuido. El dato, hasta ayer guardado con celo, fue revelado por el titular de Emhidro, Elías Sapag, en el plenario de comisiones de la Legislatura que ayer dio despacho al proyecto de ley que permitirá poner primera en la construcción de la presa.
Si todo marcha según lo previsto, la propuesta se tratará hoy sobre tablas y mañana en particular. Con apoyo del MPN, el kirchnerismo y varios opositores -algunos con reservas-, es inminente que se transforme en ley, un paso indispensable para que el banco ruso apruebe el crédito de 1.900 millones de dólares para levantar la gigantesca mole de hierro y hormigón.
El proyecto aprueba una serie de convenios y, fundamentalmente, autoriza al Ejecutivo a expropiar y pagar unas 22.000 hectáreas necesarias para el proyecto. La mayoría se inundarán con el embalse que se generará, más grande que el Mari Menuco.
Hasta ahora, no se conocía cuánto espera pagar la provincia, que guardaba el número bajo llave porque la negociación está en marcha. Sin embargo, según pudo saber «Río Negro», el Tribunal de Tasaciones calculó que la provincia deberá pagar 19,913.965 pesos por las tierras afectadas.
Claro que el número es tentativo. Puede ser que haya propietarios que no quieran vender y prefieran mudarse, y también es posible que esos valores se renegocien, con la intención de evitar litigios. Según adelantó Sapag, el mayor diferendo por estas horas es con la familia Plantey, que posee unas 2.500 hectáreas afectadas, y que no estarían de acuerdo con el precio ofrecido. El único camino que queda, en caso de no haber acuerdo, es el juicio.
Dudas por titularización
La reunión de comisiones pasó sin sobresaltos, hasta que el diputado de Democracia Cristiana, Daniel Baum, cuestionó que uno de los ocupantes a expropiar, de apellido Rojas, consiguió titularizar unas 5.800 hectáreas en el año 2013. «Tendríamos que haber tenido tiempo de analizar estos casos», criticó el diputado que de todos modos apoyará el proyecto.
Sapag y su equipo aclararon que de esas 5.800 hectáreas apenas una parte se expropiará.
Fueron varios los diputados que cuestionaron el tratamiento exprés. Hubo a su vez dos despachos por minoría, de Gabriela Supiccich (FIT) y Jesús Escobar (Libres del Sur).
Fuente: www.rionegro.com.ar
