Se firmó el acta acuerdo. La Nación se hace cargo de reclamos de las concesionarias y las deudas anteriores al 28 de febrero. En el marco de la política fiscal de déficit cero, el presidente Mauricio Macri formalizó el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur a la órbita de Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, para dar cumplimiento al Consenso Fiscal 2018 que contemplaba el cambio de jurisdicción.

Mediante un acta firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en representación de la Nación, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora, María Eugenia Vidal, se estableció que desde el 1 de marzo se inicia el proceso de traspaso de ambas empresas. El documento confirma además que de forma retroactiva al 1 de enero, la Ciudad y la Provincia asumen con recursos propios la cobertura de los beneficiarios de la tarifa social, lo que supone unos $ 12 mil millones mensuales.

Ya el año pasado Macri había anticipado que cumpliría con la transferencia, lo que se cristalizó mediante la suscripción del acuerdo que establece una serie de pasos y condiciones para conseguir un traspaso “ordenado” contemplando una serie de etapas.

Una de las cuestiones medulares del traspaso está vinculada al control de la prestación del servicio. En ese sentido, el documento firmado este jueves sostiene que “es necesaria la constitución de un nuevo organismo de control, que opere bajo la órbita de la Provincia y de la CABA y que, oportunamente, cumpla las funciones que hoy lleva a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”.

Para dar cumplimiento a este paso el acta instruye a las áreas técnicas del ENRE y del nuevo organismo regulador a trabajar de forma coordinada para “lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios, y que respete los derechos de las concesionarias”.

Además, el acuerdo advierte que hay cuestiones contractuales y legales que también deben abordarse durante el período de transición. Al respecto indica que los contratos de concesión de las distribuidoras fueron celebrados en 1992 y es necesario prever cómo se instrumentarán, luego del traspaso, algunas de las cuestiones reguladas en esos contratos.

En el acta también se establece que en el traspaso es necesario darle una solución integral a los reclamos pendientes entre la Nación y las concesionarias de electricidad. Los puntos controversiales son tres:

-Los reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre la Nación y las concesionarias en 2006, y con el correspondiente Período de Transición (entre el 6 de enero de 2002 y la revisión tarifaria integral, RTI, que entró en vigencia el 1º de febrero de 2017).

-Los reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

-Los reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

En esta línea, la Nación se compromete a realizar las gestiones y los procedimientos administrativos necesarios para terminar de dar solución a los reclamos pendientes con las concesionarias. También, sostiene que el Ejecutivo Nacional es el único responsable por los créditos y deudas que tengan una causa o título anterior al 28 de febrero de 2019.

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